Se aplica el marco normativo español: las reventas están sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en tramos, mientras que las obras nuevas tienen un IVA del 10% más el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD). Los compradores también abonan los gastos de notaría y registro. Anualmente, se deben pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa por residuos, cuyos importes varían según el municipio y el valor catastral.
Los vendedores se enfrentan a la Plusvalía, un impuesto municipal sobre el incremento del valor del terreno, y a un posible impuesto sobre las ganancias de capital. Un abogado o asesor fiscal local elaborará un cálculo de los costes totales para que pueda presupuestar entre un 10 % y un 13 % por encima del precio en la mayoría de las compras.
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